La Ley Nacional 27.801 establece en todo el país un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años. La legislación dispone que la respuesta frente a un adolescente en conflicto con la ley penal debe ser especializada, rápida, coordinada e interdisciplinaria, diferenciando las medidas según la gravedad del delito y procurando combinar responsabilidad, reparación del daño, educación, resocialización y prevención de la reincidencia.

Desde el 5 de septiembre de 2026 rige en todo el país la Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.

Entre los principales cambios se destaca la reducción de la edad de punibilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. Asimismo, la normativa establece que el juez deberá disponer medidas proporcionales a la gravedad del hecho y a las circunstancias particulares de cada adolescente, reservando la privación de la libertad para los delitos de mayor gravedad.

El nuevo régimen requiere, además, una respuesta articulada de los distintos organismos del Estado para garantizar la protección y restitución de los derechos del adolescente que pudieran encontrarse vulnerados.

Entre las alternativas a la privación de la libertad, la ley contempla la prohibición de contacto o acercamiento a la víctima, su familia u otras personas que pudieran verse afectadas; la prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, incluidos los deportivos, musicales o culturales; la prohibición de salir del país, del lugar de residencia o del ámbito territorial que determine el juez; la prestación de servicios a la comunidad; el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño a la víctima, entre otras.

La normativa prevé también medidas complementarias de asesoramiento, orientación o supervisión periódica por parte de equipos interdisciplinarios; asistencia a programas educativos para garantizar el derecho a la educación; formación ciudadana y capacitación laboral; participación en actividades recreativas y acceso a los servicios de salud acordes a la edad y a sus necesidades. 

La ley establece el plazo máximo de pena en 15 años. En caso de privación de la libertad deberá cumplirse en un lugar de alojamiento especializado y bajo las condiciones establecidas por la normativa, teniendo en cuenta la edad, los servicios necesarios y la supervisión de personal idóneo.

El proceso penal juvenil deberá tramitarse con premura y tendrá carácter reservado, salvo para las partes, la defensa, la víctima y los padres o responsables del adolescente imputado.

La Ley 27.801 no concibe la respuesta penal juvenil únicamente desde una perspectiva sancionatoria. Procura que el adolescente asuma responsabilidad por sus actos y, al mismo tiempo, acceda a herramientas que favorezcan su resocialización y contribuyan a disminuir el riesgo de reincidencia.

En este nuevo marco, el Ministerio Público Pupilar interviene en la protección de los derechos de las personas menores de edad, tanto de las víctimas como de aquellos adolescentes en conflicto con la ley, durante las distintas etapas del proceso penal juvenil.  Su intervención procura garantizar el interés superior del niño, el respeto de su dignidad y su desarrollo integral, promoviendo además la articulación con la familia, la comunidad y los organismos e instituciones del Estado que deban intervenir para brindar una respuesta integral.

De esta manera, el nuevo régimen plantea una intervención especializada e interdisciplinaria que combina la responsabilidad frente al delito con la reparación del daño, la educación, la resocialización y la prevención de la reincidencia.

Con el Asesor 1 de Metán, Fernando López Saravia, conversaremos sobre cuáles son los derechos y las responsabilidades que van adquiriendo los adolescentes a medida que crecen. También nos explicará cuáles son los cambios en Salta y en Argentina con respecto al Régimen Penal Juvenil.

También conversaremos con la psicóloga del Equipo Interdisciplinario, Clara Veggiani, sobre las principales características de la etapa de la adolescencia y cómo los adultos debemos acompañarlos para lograr un desarrollo saludable en esta etapa de transición.

Antena Infantil es el programa radial del Ministerio Público Pupilar que se emite  en los estudios de FM Profesional 89.9 los sábados de 9 a 10, y se transmite a través de las siguientes emisoras: FM del Carmen 105.7 Chicoana, FM Cumbre 103.9 San Antonio de los Cobres, Radio NEXT 100.5 de Joaquín V. González, FM Cafayate 95.1, FM Estéreo 105.5 de Rosario de la Frontera, FM Chañar 97.3 de Tartagal y 100.3 FM Cable a Tierra.

El Ministerio Público Pupilar llevó adelante una jornada de capacitación en el Colegio del Milagro N.º 8024, destinada a estudiantes de 5.º, 6.º y 7.º grado, así como también a madres, padres y tutores de la comunidad educativa.

Con los alumnos se trabajó sobre los buenos tratos, la convivencia escolar y la prevención del bullying, promoviendo el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. En tanto, con las familias se abordó el tema de la responsabilidad parental, brindando información sobre las obligaciones y deberes de los adultos en el acompañamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Durante los encuentros se explicó el marco normativo vigente en la materia, integrado por la Ley Nacional N.º 26.892, la Ley Provincial N.º 8.406 y el Código Contravencional de la Provincia. Asimismo, se ofrecieron herramientas prácticas para que las familias puedan detectar situaciones de violencia, fortalecer el diálogo con sus hijos y actuar de manera temprana ante posibles casos de acoso escolar.

Los talleres estuvieron a cargo de la secretaria letrada Rosa Araya,; de la abogada Fanny Espeche, de la Asesoría de Incapaces 10, Yamila Constanza Sonza Lapad, psicopedagoga; Laura Marín y Mariana Vidal, integrantes del Área de Comunicación y Difusión del Ministerio Público Pupilar.

En Antena Infantil hablaremos sobre infancias y comunicación, en la previa del Día del Periodista, que se recuerda el 7 de junio.

Con la secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces 5, Mercedes Gardey, conversaremos sobre el derecho a la información. Los niños y niñas tienen derecho a acceder a información adaptada a su edad y poder de entendimiento. Tienen derecho a conocer su origen, realidad biológica, diagnósticos médicos, etc.

Además, vamos a escuchar las recomendaciones de la asesora de Incapaces 1 de Orán, Gladys Reynoso, sobre la importancia de informar con perspectivas de derechos cuando niños, niñas y adolescentes sean protagonistas de las noticias.

Finalmente, con la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Gobierno Provincial, Carina Iradi, hablaremos sobre el sistema de protección infantil y cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Antena Infantil es el programa radial del Ministerio Público Pupilar que se emite desde los estudios de FM Profesional 89.9 los sábados de 9 a 1 0 , con la conducción de Mariana Vidal y Laura Marín, del área de prensa de la Asesoría General. Además, se retransmite a través de las siguientes emisoras: FM del Carmen 105.7 Chicoana, FM Cumbre 103.9 San Antonio de los Cobres, Radio NEXT 100.5 de Joaquín V. González, FM Cafayate 95.1, FM Estéreo 105.5 de Rosario de la Frontera, FM Chañar 97.3 de Tartagal y 100.3 FM Cable a Tierra.

La Curadora Oficial, María José Miranda, se refirió a la aplicación de la Ley Nacional de Salud mental 26.657 en las jornadas “Salud mental y Justicia. Desafíos actuales y abordajes integrales urgentes. Prevención”, que se realizó esta semana.

Miranda destacó que la norma contempla la internación involuntaria de personas afectadas en su salud mental cuando están en riesgo y que es una herramienta importante para el abordaje de este tipo de situaciones.

María José Miranda participó del encuentro como disertante junto a la Asesora 6 del Ministerio Público Pupilar, Silvia Ibarguren.

«Las personas que trabajamos en salud mental tenemos un compromiso con la temática y vocación de servicio”, señaló la Curadora Oficial.

También mencionó que la Ley de Salud Mental surgió luego de un informe sobre la realidad de centros que alojaban a personas con discapacidad realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) antes de 2010.

En el encuentro, que reunió a actores del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, María Jose Miranda se refirió también al diálogo interinstitucional que se inició desde el Ministerio Público Pupilar para proyectar mejoras en el Centro para Personas con Medidas de Seguridad, donde permanecen quienes cometieron un delito y fueron considerados inimputables por una afectación de salud mental o consumo de sustancias.

La actividad, organizada por la Escuela de la Magistratura, se realizó el miércoles por la tarde en en el aula “Luis Clemente D`Jallad”, con la participación de los jueces de la Corte de Justicia Gabriel Chibán, Adriana Rodríguez Faraldo y Fabián Vittar.

En Antena Infantil hablaremos sobre cómo proceder cuando se desconoce el paradero de un niño, niña o adolescente. La secretaria letrada de la Asesoría 1 de Metán, Mabel Colque, explicará cómo, cuándo y dónde se debe denunciar. También se referirá a las publicaciones en redes sociales y explicará en qué casos se activa el Alerta Sofía.

Además, entrevistaremos a la jefa de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, comisario Janet Ale, en referencia al rescate de una adolescente en Bolivia, hablará sobre cuales son las medidas preventivas, el peligro de la captación a través de redes sociales y juegos en línea.

Antena Infantil es el programa radial de la Asesoría General de Incapaces que se emite en los estudios de Fm Profesional 89.9 los sábados de 9 a 1 0 , y se transmite a través de las siguientes emisoras: FM del Carmen 105.7 Chicoana, Fm Cumbre 103.9 San Antonio de los Cobres, Radio NEXT 100.5 de Joaquín V. González, FM Cafayate 95.1, FM Estéreo 105.5 de Rosario de la Frontera, FM Chañar 97.3 de Tartagal y 100.3 FM Cable a Tierra.

Magistrados del Ministerio Público Pupilar continúan con las formaciones para personal de salud sobre cómo actuar cuando se detectan embarazos de adolescentes producto de un abuso sexual. La capacitación se basó en cómo canalizar la información para que se investiguen los hechos.

Los asesores de Incapaces de Embarcación y Tartagal, José Eduardo Cortez y Fernanda Chocobar capacitaron a operadores de salud de sus distritos la semana pasada.

Esta actividad forma parte de la aplicación de la “Hoja de ruta para la atención integral en salud de adolescentes gestantes menores de 15 años”, documento que se diseñó a partir de un trabajo interdisciplinario del Ministerio de Salud, el Ministerio Público Pupilar y Unicef.

“Hemos trabajado con casos prácticos para que quede muy clara la forma de intervención y las funciones que cumplen tanto las Asesorías de Incapaces como la Secretaría de Niñez y Familia”, explicó en una entrevista con FM Noticias el Asesor de Embarcación, José Eduardo Cortez.

Magistradas del Ministerio Público Pupilar formaron a personal de salud sobre cómo actuar cuando se detectan embarazos de adolescentes producto de una violación. Dónde denunciar, qué datos se deben proporcionar para el avance de la investigación y cuáles son los derechos de la víctima fueron algunos de los ejes de la capacitación.

Las asesoras de Incapaces 8 y 7, Mariana Laconi y Carina Quinteros, dieron una charla el viernes en el Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. La jornada formó parte de la aplicación de la “Hoja de ruta para la atención integral en salud de adolescentes gestantes menores de 15 años”, documento que se diseñó a partir de un trabajo interdisciplinario del Ministerio de Salud, el Ministerio Público Pupilar y Unicef, entre otras instituciones, hace tres años.

“Es importante que el personal de salud, incluidos los agentes sanitarios, conozcan cómo actuar, cuándo denunciar, qué datos registrar, cuáles son los canales adecuados para la recepción de esa denuncia y la importancia de realizar un seguimiento”, explicó Mariana Laconi.

La magistrada mencionó además que, en estas situaciones, también se debe actuar para que no se vulneren otros derechos de las adolescentes, como el de acceder a la atención sanitaria integral o a la educación.

Los funcionarios públicos, profesionales y técnicos de salud que presten servicios en establecimientos públicos o privados deben hacer la denuncia y quedan exentos del secreto profesional cuando tomen conocimiento de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La Hoja de Ruta destaca que, como el sistema de salud no cumple con funciones de investigación, quienes forman parte de sus equipos no necesitan contar con la confirmación del abuso sexual a una adolescente para realizar la denuncia correspondiente.

También se enfatiza en que no es lo mismo “comunicar” el hecho a organismos de protección de derechos que “denunciar”, es decir, poner en conocimiento de manera formal a las autoridades policiales o judiciales sobre la existencia de un delito.

La Hoja de Ruta para la atención integral en salud de adolescentes gestantes detalla además cuáles pueden ser los indicadores de un embarazo producto de una violación. Entre otros, se mencionan: dolores abdominales recurrentes, trastornos psicosomáticos, dolores de cabeza sin causa orgánica, infecciones urinarias reiteradas, flujo vaginal, cansancio, fatiga o trastornos de la conducta alimentaria.
Otras señales de que la gestación puede ser producto de un abuso sexual pueden ser: consulta médica tardía, ataques de angustia, autolesiones, retracción social, ocultamiento y contradicciones acerca de la identidad del cogestante.

Las capacitaciones para trabajadores de salud continuarán en las próximas semanas con participación de profesionales del Ministerio Público Pupilar en Embarcación y Salta Capital y con el objetivo de orientar y brindar herrramientas para la protección de los derechos de las adolescentes gestantes.

juicio abreviado en el que los padres de una bebé, acusados de maltratarla, recibieron una pena de  tres años de prisión condicional. La niña debió ser internada en el Hospital Público Materno Infantil y hasta abril se desconocían las secuelas que podían haberle dejado las lesiones que sufrió.

La bebé, de solo ocho, meses ingresó grave al hospital y quedó internada en terapia intensiva el 5 de marzo. Luego de que se detectaran signos compatibles con episodios de agresión, los padres de la niña quedaron detenidos. 

El 13 de abril, en un juicio abreviado, los padres aceptaron su culpabilidad y fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves. En el mismo acto, se ordenó que quedaran en libertad. 

Además, se los privó de la responsabilidad parental y se establecieron reglas de conducta, como prohibirles que se acerquen a menos de 300 metros de la víctima.

En la audiencia de abril, la asesora de Incapaces 10, Guadalupe Salatín, se opuso a la homologación del acuerdo que surgió del juicio abreviado. En esa jornada, Salatín intervino en representación de la Asesora de Incapaces 9, Martha Bustos, quien tramitaba originalmente la causa pero en esa fecha estaba abocada a otras actuaciones del Ministerio Público Pupilar.

Martha Bustos interpuso luego un recurso de casación y requirió que se revoque el juicio abreviado.

Entre otros argumentos, la magistrada detalló que en la causa no se había llegado a determinar las consecuencias que puede sufrir la bebé por el maltrato que sufrió. 

Por lo tanto, no queda en claro si el delito a juzgar es lesiones graves, gravísimas o incluso intento de homicidio.

En la investigación tampoco  se llegó a aclarar si fueron ambos padres o uno de ellos los que golpearon a la niña. Los acusados dieron versiones confusas y escuetas sobre lo ocurrido. 

“Bajo ningún punto de vista podría sostenerse que esta sentencia rápida, por medio de la cual se condenó a ambos progenitores a una ínfima pena de prisión de cumplimiento condicional protege los derechos de la niña víctima, muy por el contrario, los vulnera, toda vez que además de la falta de investigación ya argumentada precedentemente, se resuelve el caso sin una tutela judicial efectiva”, se indicó desde la Asesoría en el escrito.

La Asesora también hizo reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que se continuaran vulnerando, entre otros, el derecho a una vida libre de maltrato y el interés superior del niño.

La Asesoría solicitó que se revoque el pronunciamiento del 13 de abril de 2026. Además requirió que se ordene a la Fiscalía Penal continuar cumpliendo con las tareas investigativas hasta tanto se remitan las actuaciones para que el Tribunal que corresponda sustancie el juicio oral correspondiente.

La Asesora de Incapaces 9, Martha Bustos, centró sus alegatos en el “daño permanente” en la vida de los tres hijos de la mujer que murió a manos de su marido el 4 de agosto de 2023 en un barrio privado de San Lorenzo. Destacó que fueron víctimas de la violencia de su padre y que tuvieron que cambiar radicalmente su proyecto de vida en lugar de crecer bajo la protección a la que tienen derecho todos los niños, niñas y adolescentes.

La magistrada intervino en el juicio, que culminó hoy con la condena al acusado, en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la actuación del Ministerio Público respecto a personas menores de edad. Actuó en representación de los niños, de acuerdo al artículo 2 de la ley 7328 (ley orgánica del Ministerio Público) con el objetivo de darles voz y en el marco de la ley 27372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Describió que sus tres asistidos tenían 13, 9 y 4 años en 2023 y que fueron víctimas, especialmente el mayor, de una manipulación emocional por parte de su padre, quien “los objetivó y los usó como instrumento” en contra de la madre.

“Me corresponde ponerles voz a estos niños, garantizar que sus derechos sean reconocidos y que el Tribunal tome en cuenta el daño irreversible que han sufrido”, manifestó la Asesora de Incapaces ayer, en sus alegatos.

Aseguró además que el padre “condenó a sus hijos a una infancia marcada por dolor, vacío y estigma”.
“Sus proyectos de vida sufrieron una ruptura total. El Tribunal debe considerar que perdieron su hogar, su centro de vida y estabilidad, que tuvieron que cambiar de referentes afectivos y se vieron obligados a reconstruir sus vidas con apenas 4, 9 y 13 años”, indicó.

“Hoy estos niños sufren una doble orfandad. No solo perdieron a su mamá. Que el culpable de eso sea el padre agrava el trauma” y hace que el proceso de duelo sea aún más complejo, explicó.

“La violencia filoparental dejó a mis asistidos en estado de extrema vulnerabilidad, lo que implica un impacto emocional y psicológico, pero también un estigma”, agregó.

Para la Asesora, “el daño no terminó con el hecho, porque ese hecho se va a repetir para ellos en cada cumpleaños, Día de la Madre y acto escolar” en el que recuerden que la víctima no está. “El daño no es único, es permanente y se va a reiterar constantemente a lo largo de sus vidas”, insistió.

Bustos aseguró que los niños “tienen derecho a la verdad, a la justicia y a no cargar con el peso del silencio ni la impunidad. Cada medida del Tribunal va a tener impacto en su presente y futuro”. “Si bien la justicia no les devolverá a su madre, sí puede honrar su memoria y asegurar que sus hijos crecerán sabiendo que la verdad fue defendida”, mencionó.

“No se trata sólo de resolver en términos penales sino de reparación y protección estatal para estos niños. La víctima no tiene voz pero sí la tienen sus hijos y este Tribunal tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: que la violencia de género no será tolerada, que cada femicido debe encontrar justicia y que los hijos de las víctimas no quedarán desamparados”, sostuvo.

“Honrar la infancia”

“La Convención de los Derechos del Niño obliga a mirar este caso con los ojos de los hijos porque ellos no son meros espectadores, son víctimas invisibles de un hecho totalmente visible. Son víctimas de este hecho con impacto profundo duradero y permanente en sus vidas”, agregó Martha Bustos.
Expresó que “hacer justicia en este caso no es sólo aplicar la ley sino honrar la infancia que todos tuvimos y que a ellos les fue arrebatada”.

La Asesora de Incapaces 9 pidió que se ordene la prohibición de contacto entre el acusado y sus asistidos y que se inscriba en el Registro Civil la privación de su responsabilidad parental. También requirió librar oficios a ANSES para que se les otorgue a los tres el beneficio de la denominada “Ley Brisa”, que establece un apoyo económico para los niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre como consecuencia de un femicidio.

También adhirió al pedido de reparación económica por daño material y moral que efectuó la Fiscalía. Por otra parte, solicitó al Tribunal que la sentencia preserve la identidad de los niños y que los mencione solo por sus iniciales.