El Ministerio Público Pupilar, a través de la Asesoría General de Incapaces y la Tutora Pública Oficial, lleva adelante un seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes alojados en hogares del Estado.
La puesta en funcionamiento de la dependencia tuvo el propósito de que exista la figura de un representante legal que se avocara específicamente a los niños, niñas o adolescentes que fueron separados de sus familias, siempre por motivos graves, y que en la mayoría de los casos están alojados en instituciones del Estado. “De este modo, cada niño tiene un referente que se ocupa de efectuar el seguimiento personal de todos los planteos necesarios que permitan a esos niños generar un proyecto de vida en el futuro”, explicó la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad.
La Tutora Pública Oficial trabaja cada caso en particular para que se resuelva la situación personal y jurídica, sea en los procesos de adopción, guarda judicial o revinculación con sus familias.
La Tutora toma contacto con los niños y niñas para escucharlos y conocer sus historias, realidades e intereses y proyecta la estrategia necesaria para lograr que esos niños estén protegidos en sus derechos. Desde la implementación de esta figura, en 2017, la funcionaria intervino en distintos casos en que los niños fueron reintegrados a sus familias de origen o bien se promovió el avance de la adopción.
Mirta Lapad señaló que “la Tutora Pública Oficial se ocupa de cada niño al que representa, procurando un proyecto de vida que les permita desarrollarse como personas con autonomía para generar su propio espacio, promoviendo el respeto y la vigencia efectiva de sus derechos e inclusive preparándolos para cuando alcancen la mayoría de edad y se inserten de manera autónoma en la sociedad.”
Liliana Valle, Tutora Pública Oficial, a partir de la toma de posesión de su cargo, en un proceso judicial, sostuvo que su objetivo es velar por el interés superior del niño. “Mi función es dialogar con ellos, que entiendan la situación y analizar en cada caso cuál es la decisión que mejor los contenga y proyecte. Les explico que existen distintos tipos de familia y cuáles son sus derechos”, aseguró la profesional.
Los niños y niñas llegan a los hogares del Estado por medidas excepcionales de protección ante situaciones de vulnerabilidad, por causas graves. Desde los 10 años, deben prestar su consentimiento en los procesos de adopción. El marco legal vigente establece un plazo de 90 días, más una prórroga por el mismo lapso, para trabajar en el caso y definir la situación.
La Tutora Pública Oficial mantiene un contacto permanente con los niños, niñas y adolescentes y visita los hogares donde se encuentran alojados para supervisar el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo a la Ley Provincial 7970, debe actuar para “brindar protección a los derechos, intereses o bienes de un niño, niña o adolescente cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental o cuando exista conflicto de intereses con los representantes legales”.
“En este tiempo, se fueron generando intervenciones tanto judiciales como extrajudiciales que resultaron trascendentes en la vida de esos niños. Eso permitió también un nuevo impulso a los equipos de trabajo del órgano administrativo responsable de implementar políticas públicas para la infancia”, agregó Mirta Lapad.