La asesora general de Incapaces Mirta Lapad firmó un convenio con la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa, el ministro de Salud Pública Juan José Esteban, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia Ricardo Villada y el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. Por medio de este instrumento se establece un protocolo para dar respuesta a casos de niños, niñas, adolescentes y personas mayores afectadas en su salud mental que sufren una descompensación, se encuentran en situación de calle o no tienen referentes familiares.
El acuerdo permitirá contar con líneas de actuación predeterminadas que definan cómo debe ser la intervención de cada organismo para evitar improvisaciones ante situaciones de urgencia.
La firma del convenio se realizó esta tarde en Ciudad Judicial. En representación del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia asistió la secretaria de Derechos Humanos Mariana Reyes.
El protocolo de actuación es una guía práctica que garantizará la debida asistencia y la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos afectados en su salud mental. Con esta herramienta se establece un circuito de intervención interdisciplinaria para la asistencia y contención, con los roles y responsabilidades de cada organismo claramente definidos.
Entre sus puntos más importantes, el protocolo establece que la Asesoría de Incapaces que tome conocimiento del caso deberá indicar a la Policía que se realice el traslado en ambulancia al hospital que corresponda de acuerdo a la edad de la persona que atraviesa una crisis de salud mental. Allí se deberá valorar su estado de salud general.
La derivación deberá realizarse con el acompañamiento de un referente familiar o afectivo si lo hubiera y con apoyo de personal policial si se detectaran en el paciente indicadores de potencial agresividad hacia sí mismo o hacia terceros.
Si la persona se encuentra en situación de calle, se deberá informar al Ministerio de Desarrollo Social para que resuelva si se le seguirá dando contención en una institución estatal o se gestionará una solución habitacional cuando esté en condiciones de salir del hospital.
Si los médicos determinan que corresponde una internación hospitalaria, deberán expedir los certificados correspondientes que dejen constancia de las evaluaciones que se realizaron.
En todos los casos, el personal de salud deberá consignar el diagnóstico presuntivo, si el paciente puede realizar un tratamiento ambulatorio y si puede retirarse solo del hospital.
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, canalizará el abordaje de niños, niñas, adolescentes y personas mayores afectadas en su salud mental cuando sean víctimas de violencia familiar o de género.
Además, se dispuso conformar una “Mesa de Gestión de Casos” con referentes de los ministerios involucrados, con el fin de realizar un seguimiento interdisciplinario a largo plazo.
La Secretaría de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública, se ocupará de gestionar el Certificado Único de Discapacidad, subsidios o prestaciones asistenciales en el caso de que corresponda.
La necesidad de establecer un protocolo específico se había analizado durante una reunión virtual entre la asesora general de Incapaces Mirta Lapad, Verónica Figueroa y Juan José Esteban que se realizó en octubre.
Hoy se acordó además que habrá reuniones periódicas para evaluar la aplicación de los lineamientos establecidos.