La Escuela del Ministerio Público de Salta dicta una capacitación en cuatro módulos de manera virtual para trabajadores del Ministerio Público Pupilar, la Defensoría General de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal.

Empleados, funcionarios y magistrados de todas las dependencias participan de la formación en cumplimiento de la “Ley Micaela”, que establece la obligación de informar y sensibilizar al personal de la administración pública en la temática de género y violencia contra las mujeres.

Mirta Lapad, presidenta rectora de la Escuela del Ministerio Público, resolvió la implementación del curso para todos los empleados de modo virtual, de manera de respetar el distanciamiento social y las recomendaciones sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19 sin postergar la formación en la temática.

La capacitación se divide en módulos, a lo largo de los cuales los disertantes están exponiendo sobre la normativa nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que rigen en la materia. También se incluyen temas como perspectiva de género, discriminación, prevención de la violencia y se analizan distintos ejemplos, como el de Mirta Sisnero, la mujer que llegó hasta la Corte de Justicia con su reclamo para que la contrataran como chofer de colectivo.

En las charlas se aborda de la Ley nacional 26.485, de protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. También se dedica un espacio al marco legal que rige en contra del acoso callejero.

La capacitación está a cargo de Adolfo Sánchez Alegre, Defensor Penal de Menores; Nancy Valencia Donnat, directora del Centro de Mediación del Ministeiro Público; Matilde Alonso, directora del S.A.Vic (Servicio de Asistencia a la Víctima) y Claudia Alemandi, secretaria ejecutiva de la Escuela del Ministerio Público.

La Ley 27.499 se conoce como “Ley Micaela” por el caso de Micaela García, una joven militante a favor de los derechos de las mujeres, que fue violada y asesinada en el año 2017, en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos. La norma se promulgó en enero del año 2019.