Esta semana se cumplieron 10 años desde que comenzó a trabajar la Curaduría Oficial, que funciona en el ámbito del Ministerio Público Pupilar y bajo la coordinación de la Asesoría General de Incapaces. Entre 2019 y 2020, el organismo ya intervino en más de 1.500 procesos procesos judiciales o extrajudiciales y asistió a más de 1.230 personas con padecimientos mentales.

En esta década, desde la Curaduría Oficial se trabajó para que personas con padecimientos mentales accedieran a derechos básicos, como el DNI, pensiones por discapacidad, obra social o vivienda. Además, se revinculó con sus familias a personas que llevaban gran parte de sus vidas alojadas en establecimientos estatales.

La Curaduría Oficial surgió con el objetivo de proteger los derechos de las personas con afecciones de salud mental y está a cargo desde su inicio de María José Miranda. El organismo se creó por ley 7380, se puso en funcionamiento el 10 de noviembre de 2010 y la Asesoría General de Incapaces, a cargo de Mirta Lapad, reguló sus funciones.

Una de las principales responsabilidades de la Curaduría Oficial es la de apoyar de manera permanente y en todo lo necesario a las personas con padecimiento mental que no tienen referentes familiares.

La curadora oficial también visita periódicamente las instituciones de salud mental para controlar que no se vulneren derechos de las personas allí alojadas.

Además, tiene la responsabilidad de ejercer la defensa técnica de las personas con padecimiento mental que no tienen recursos económicos, en procesos de restricción de capacidad. Este trabajo es clave para garantizar que la Justicia resuelva la restricción de capacidades solo cuando efectivamente la persona necesita un apoyo para ejercer sus derechos. El organismo también supervisa que se produzcan los informes interdisciplinarios necesarios para tomar una determinación al respecto.

La vida en instituciones estatales

María José Miranda relató que, cuando realizó la primera visita al “Pabellón de Inimputables” de Villa las Rosas, había problemas como falta de ventilación e iluminación y necesidad de espacios adecuados para la atención médica. Tras reiteradas visitas y a través de distintas presentaciones, se impulsaron remodelaciones en el lugar, que se convirtió en un centro de tratamiento para las personas alojadas allí por medidas de seguridad.

“Otra de las grandes preocupaciones a lo largo de estos diez años ha sido garantizar que todas las personas alojadas en establecimientos estatales cuenten con un lugar digno para vivir cuando estén en condiciones de externarse. Cabe resaltar que la Ley Nacional de Salud Mental prohíbe expresamente las internaciones hospitalarias por razones sociales, como la falta de vivienda”, señaló la curadora oficial.

En 2018, a raíz de un recurso de amparo que se impulsó desde la Curaduría Oficial, la Justicia ordenó a la Provincia habilitar un plan de residencia asistida para personas con retraso mental leve a moderado que no tienen referentes familiares. La acción judicial se inició por el caso de una joven de 25 años abandonada al nacer que había estado “institucionalizada” desde niña, no tenía dónde vivir y terminó alojada en la División de Protección del Menor y la Familia de la Policía durante un año. El fallo dispuso que el Estado garantizara un lugar de residencia y asistencia para personas que están en esta situación.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, la Curaduría Oficial intervino en 1.536 procesos judiciales o extrajudiciales en los que asistió a 1.230 personas con algún tipo de padecimiento mental.