La asesora general de Incapaces de la Provincia, doctora Mirta Lapad, disertó en la “Jornada provincial Prevenir y Actuar frente a los Abusos Sexuales y Embarazos en la Niñez y Adolescencia”, realizada en Salta bajo la organización de la Red por la Infancia, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y UNICEF.

En un panel que realizó un “diagnóstico compartido sobre los abusos sexuales y embarazo forzado en niñas menores de 15 años en la provincia de Salta”, Lapad se refirió a la intervención de los Asesores de Incapaces en ésta problemática, como “órgano especializado en la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, que asume “el rol fundamental como garante de la protección especial que las leyes les reconocen”.

Se analizaron el “Protocolo de intervención ante situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género” del Ministerio de Educación; y la “Guía de embarazo en la adolescencia temprana” del Ministerio de Salud; entre otros documentos, con el objetivo de acordar estrategias para la acción intersectorial.

“El abuso sexual es un tema preocupante, que necesita que todos articulemos, cada uno desde su rol, y coordinemos acciones para que ese niño, niña o adolescente que está padeciendo un abuso sexual – que es un delito – tenga una intervención homogénea y articulada con el destino final de restaurar sus derechos vulnerados”, afirmó Lapad.

La magistrada explicó que “se ha avanzado mucho en las intervenciones, pero lamentablemente ha crecido la cantidad de denuncias de abuso sexual infantil, que ya no es un delito de instancia privada sino que se procede a investigar de oficio cuando se toma conocimiento de un abuso producido”.

Analizando las causas judiciales registradas en las Asesorías de Incapaces del Distrito Centro, en un período de 8 meses, dentro del fuero de Familia, de un total de 17.100 causas, 4275 constituyen violencia familiar (25 %). Y en el fuero Penal, las mayores intervenciones se vinculan al maltrato infantil, con 3.946 causas. De ellas, 814 (un 20 %) suponen violencia contra un niño: delitos de lesiones y abuso sexual infantil.

Lapad relató que en el caso del Ministerio Público, se ha homogeneizado la intervención para la producción de la prueba, la escucha de la víctima, el acompañamiento y el requerimiento de intervención al organismo ejecutor de las políticas públicas. “Sucede que este flagelo, muchas veces, involucra a la propia familia. Entonces, la necesidad de aunar esfuerzo es aún mayor porque es en el sostén emocional fundamental en la vida de los niños, su propia familia, donde está el problema”, explicó.

Talleres multisectoriales

Los asistentes a la Jornada se dividieron en cuatro talleres multisectoriales de equipos técnicos. El Taller 1 de Identificación y Detección analizó las dificultades en la detección de los indicadores de abuso sexual infantil, a partir de la subjetividad de los operadores estatales, con sus tabúes y apreciaciones personales como el “no me quiero meter”. Concluyeron que faltan espacios que habiliten la palabra de los niños, niñas y adolescentes, espacios de articulación más eficientes. En este taller, por el Ministerio Público Pupilar participó la psicóloga Carolina Dantur.

El Taller 2 de Denuncia de Casos concluyeron que se debe enseñar y difundir entre niños y adolescentes el proceso de denuncia; explicarles que pueden hablar con un adulto de confianza, familiar amigo o referente educativo para que ese adulto haga la denuncia. “El niño debe ser escuchado, protegido, separado del agresor, que no se lo prejuzgue y tener acceso a una consejería de opciones, en el caso de estar embarazada”. Debe haber una línea telefónica con operadores preparados para recibir la denuncia (102- 911) y personalmente deben realizarse en comisarías, asesorías de incapaces o fiscalías, que tienen equipos interdisciplinarios preparados para tomar la denuncia. Se concluyó que aún falta articulación entre estos organismos y hay superposición de actuaciones que se podrían evitar. En este taller participaron el asesor de Incapaces 1, Marcelo Fernández Esteban, y la secretaria letrada de Asesoría 4, Claudia Mercado.

El Taller 3 de Consejería y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) criticó la visión tutelar que aún persiste en muchos efectores, con el desconocimiento del marco legal, y la dificultad de ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Consideraron como negativos la falta de articulación entre la medicina legal y el sistema de salud pública; la dilación temporal en las denuncias y la detección tardía de los embarazos. Entre las oportunidades, señalaron la creación de redes en consejería, la capacitación en derechos de agentes sanitarios, incorporación de distintas lenguas y el rol de los directores educativos como consejeros. Aquí, por el Ministerio Pupilar, participo la psicóloga Cynthia Zelaya.

Por último, el Taller 4 sobre Asistencia a las Víctimas y Seguimiento abogó por una mayor difusión de las políticas públicas referidas a la temática, cuyas recomendaciones no les llega a los operadores del sistema. Plantearon como desafío la descentralización hacia los municipios del interior provincial, más allá de las ciudades cabeceras judiciales. Sostuvieron que se debe cambiar las miradas de las autoridades con decisión, para que para se incrementen los recursos para la asistencia de las víctimas, que se pueda llegar a tiempo y con un abordaje sostenido, siempre con el objetivo de acompañar a las víctimas para que puedan seguir y desarrollar su vida con normalidad. El taller contó con la participación de la trabajadora social del Ministerio Pupilar, Laura Ruña.