A través de una acción interpuesta por la entonces Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni; la Justicia ordenó la ejecución de un plan que busca restituir derechos vulnerados a la población de Santa Victoria Este, perteneciente al Departamento de Rivadavia, del norte provincial, cuyos ejes fundamentales son: el acceso al agua segura, la salud, la educación, la identificación, vivienda digna, seguridad y otros servicios fundamentales que el Estado debe garantizar a esta población donde conviven comunidades criollas y aborígenes.

La acción fue presentada en el año 2016, al tomar intervención para la protección de una niña víctima de sucesivas vulneraciones, situación que dejó al descubierto numerosas falencias que impiden la acceso a los derechos fundamentales por parte de los niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este y sus familias.
En la presentación, se destacó la imperiosa necesidad de un plan integral coordinado al indicar que la causa en que la niña fue víctima “ha dejado manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas que le permitan a la niña y a otras personas de dicho municipio a gozar de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes así como también los reconocidos por los diversos Tratados de Derechos Humanos”.
Esta acción fue continuada por la nueva asesora en funciones en la asesoría de Incapaces Nº 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar.

A lo largo de numerosas audiencias, las áreas responsables de salud, educación, justicia, gobierno y derechos humanos, desarrollo social, vivienda, infraestructura y asuntos indígenas, presentaron un plan de acción integral que deberá desplegarse hasta el mes de Diciembre de 2022, en el que se busca restituir a la población los derechos básicos vulnerados.

El plan de acción deberá ser traducido al lenguaje wichí para el conocimiento tanto de comunidades originarias como de criollos que habitan en la zona.