Los interesados en obtener más información sobre la adopción pueden ingresar en la página oficial de la Justicia (www.justiciasalta.gov.ar) En este sitio web están publicadas todas las convocatorias públicas de adopción vigentes en este momento. También se pueden comunicar telefónicamente con la Secretaría Tutelar al 4258026 de lunes a viernes entre las 8 y las 13.

Profesionales de la salud completaron el esquema de vacunación obligatorio de una bebé, luego de que interviniera el Ministerio Público Pupilar para resguardar su derecho a la salud.

La niña nació en septiembre en un hospital de Salta y la madre la retiró del área de Neonatología sin que le dieran el alta médica, ya que no había recibido la BCG ni la vacuna contra la Hepatitis B.

Profesionales del hospital habían informado a la madre sobre la importancia de la inmunización y prevención de enfermedades, sin embargo no aceptó que se completara el esquema obligatorio y argumentó que el padre de la bebé estaba en contra de la vacunación.

Al tomar conocimiento de esta situación, la Asesora de Incapaces 9 Martha Bustos citó a la madre de la niña para dialogar con ella pero la mujer no se presentó ni se comunicó para justificar su ausencia.
Bustos resolvió impulsar un recurso de amparo para que la Justicia ordenara cumplir con la vacunación obligatoria de la niña en resguardo de su derecho a la salud.

Entre sus fundamentos, en la presentación la magistrada indicó que “la Convención de los Derechos del Niño, de rango Constitucional, reconoce a los niños, niñas y adolescentes un catálogo de derechos, entre los que se encuentran: a la vida (art. 6), a la protección contra perjuicios, descuidos y trato negligente (art. 19) y a la salud (art. 24)”.

Desde la Asesoría también se argumentó que es el Estado, a través de sus distintos órganos, quien debe garantizar y hacer efectivos tales derechos, teniendo como norte el Interés Superior del Niño, cuando los principales responsables, en este caso los padres, no lo hacen.

Recordó además que “la Ley Nº 27491, establece la Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas y la relevancia de la salud pública por sobre el interés particular (art. 2)”.

El juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación Sala II, le dio la razón al planteo de la Asesoría de Incapaces y ordenó a los padres posibilitar que operadores del sistema de salud completaran la vacunación de la bebé. Además, les dio un plazo específico para que presentaran ante el juzgado el carnet de vacunación obligatoria de la niña.

La Asesora de Incapaces corroboró la semana pasada que los padres ya habían presentado la documentación que acredita que se cumplió con la inmunización correspondiente. De esta manera, se logró proteger el derecho de la niña a la salud integral.

Desde la Asesoría se destacó que la Ley Nº 26.061 dispone en su artículo 14 que «los organismos del Estado deben garantizar: a) el acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad….».

La Asesora también citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destacó que la negligencia de los padres en este caso vulneraba el derecho humano de la niña a recibir cuidado, lo que “…constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad…” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-31/25 del 12 de Junio de 2025)

Además se tuvo en cuenta que la vacunación garantiza un derecho colectivo ya que, en una comunidad inmunizada, todos los niños y niñas están protegidos de enfermedades que pueden poner en riesgo a la salud e incluso la vida.

La Asesora General de Incapaces Mirta Lapad tomó juramento hoy a María José Neme Scheij como Asesora de Incapaces 5 (subrogante) del distrito judicial del centro.

El acto se realizó en el salón del Colegio de Gobierno del Ministerio Público a las 12, con la participación de Mirna Paola Obeid, secretaria de Despacho del Ministerio Público.

También asistieron Asesores de Incapaces del distrito Centro, María Isabel Rodríguez Virgili, secretaria de Superintendencia de la Asesoría General de Incapaces y Macarena Saravia Zenteno, tutora pública oficial, Marta Aguilar abogada del Niño, entre otros magistrados y funcionarios.

Referentes del distintos sectores analizaron el problema social de las adicciones en Coronel Juan Sola, durante una reunión en la que el Ministerio Público Pupilar estuvo representado por el asesor de Embarcación José Eduardo Cortez.

El tema se trató en una mesa de diálogo de la que participaron el interventor del Municipio, Marcelo Córdova, referentes de las carteras de Asuntos Indígenas, Salud y Niñez y Familia y miembros de las comunidades originarias de la zona.

Detectar a niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos de sustancias es el trabajo en el que se comprometieron a seguir avanzando funcionarios las distintas áreas del Poder Ejecutivo involucradas en el tema. El objetivo es abordar caso por caso para restablecer los derechos vulnerados de personas menores de 18 años.

Se acordó que los referentes de comunidades aborígenes tendrán el rol de contactar a operadores de salud cuando tomen conocimiento de que hay chicos o chicas que sufren adicción en los distintos parajes.

José Eduardo Cortez mencionó que, más allá del número de niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos identificados por el sistema de salud, es prioritario trabajar en la prevención de las adicciones.

“Se deben generar espacios donde puedan recrearse, entretenerse, hacer deportes, recibir apoyo escolar y orientación para minimizar los riesgos ”, señaló.

En 2019, luego de que se hicieran públicos casos de consumo de combustible, se creó un centro sociosanitario que trabajaba en la detección temprana de adicciones y en la contención. Durante la reunión de la semana pasada, miembros de distintas comunidades destacaron la labor de ese espacio, que no tuvo continuidad.

Cortez indicó que también se dialogó con los referentes de las comunidades sobre la corresponsabilidad del Estado y las familias frente a las adicciones. “ Se dieron casos en los que fue muy difícil que los chicos tuvieran la contención de la familia para recuperarse. Es fundamental que los padres estén presentes”, manifestó el asesor.

José Eduardo Cortez también destacó que desde las áreas del Ejecutivo encargadas de implemetar las políticas públicas de salud y niñez se manifestó el compromiso de trabajar en el seguimiento de la situación. El trabajo conjunto apunta a evitar que se judicialicen casos de personas menores de edad con problemas de consumo cuando llegan a situaciones relacionadas con la violencia o conflictos con la ley penal como resultado de la realidad que están atravesando.

El tema se instaló en la agenda pública recientemente luego de que distintos medios de comunicación dieran a conocer casos de adicción y consumo de combustible en la zona.

Desde la Asesoría de Incapaces de Embarcación se intervino para que un hombre de 45 años con Síndrome de Down y retraso madurativo obtuviera su DNI y se le designara una figura de apoyo para que pueda acceder a derechos como una pensión.
El Asesor de Incapaces de Embarcación José Eduardo Cortez tomó conocimiento de que el hombre, nacido en Alto La Sierra, no había sido anotado al nacer y, por lo tanto, carecía de documentación. En consecuencia, inició el trámite para requerir la inscripción en el Registro Civil.
La Justicia ordenó el 31 de octubre de 2024 que el Registro Civil inscriba su nacimiento con el nombre, la fecha y lugar de nacimiento acordes a la información que proporcionó la hermana mayor del hombre.
“Todas las personas tienen derecho a tener un nombre que de lugar a la identidad, la cual permite que se conozcan frente a su historia familiar. Ese nombre le permite su identificación social”, se mencionó en la sentencia.
Una vez en curso el DNI, Eduardo Cortez impulsó además un proceso de restricción de capacidad para resguardar los derechos de su asistido. El objetivo era que la hermana mayor se constituyera formalmente como su figura de apoyo y pudiera gestionar por él los trámites necesarios para que acceda al apoyo económico y los tratamientos de salud que corresponden.
En el proceso intervino además, como defensa técnica, la Asesora de Incapaces 2 de Tartagal, Fernanda Chocobar.
La Justicia promovió la acción de restricción de capacidad, tras las evaluaciones interdisciplinarias necesarias , y estableció que la hermana será la persona autorizada para encargarse de todas las gestiones relacionadas con su vida civil. La mujer es quien está a cargo de su hermano desde el fallecimiento de sus padres. Se resolvió además que en noviembre de 2027 se debe someter el caso a una nueva evaluación.

En el micro del Ministerio Público Pupilar, que se emite por Canal 10, se abordó esta semana el tema de la violencia familiar y cómo impacta, de manera directa e indirecta, en niños niñas y adolescentes. Además se enfatizó en la importancia de la información y la prevención.
Facundo Escudero, secretario letrado de la Asesoría de Incapaces 1, explicó cómo se puede originar en muchos casos la violencia intrafamiliar. “Estadísticamente, en la mayoría de los casos, proviene de los varones. Por eso se habla de violencia machista. Es consecuencia de un sistema intercultural en el que crecimos y vivimos desde hace siglos, en el cual el hombre tiene el rol asignado de salir a trabajar, mientras que la mujer puede quedar relegada al ámbito doméstico y privado. Eso genera una relación desigual de poder, en donde la mujer vive una dependencia económica. El problema de esta dinámica se produce cuando quien tiene la posición dominante se abusa de eso y comienza a ejercer una violencia psicológica o una manipulación que puede también desencadenar en situaciones como la violencia física o sexual”, señaló.
El segmento televisivo del Ministerio Público Pupilar sale los martes desde las 15 en el programa “Siesta Perfecta”, con producción del área de prensa del Ministerio Público Pupilar y bajo la coordinación de la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad.
Con respecto a la incidencia de estas realidades en los hijos de una pareja, Escudero sostuvo que se debe tener en cuenta el riesgo de que repitan situaciones de violencia. “El primer ámbito donde se aprenden las conductas, ya sea positivas o negativas, es el de las personas con quienes convivimos o lo que debería ser nuestro núcleo de protección”, indicó.
El profesional se refirió a la necesidad de activar todas las herramientas disponibles para visibilizar la violencia y despertar conciencia, para lo cual es necesario involucrar a toda la familia, incluso al agresor.
Además destacó que cualquier persona que tome conocimiento de estas situaciones, por ejemplo en una escuela, tiene el deber legal de hacer una denuncia. En esos casos se actúa de oficio, aunque la víctima no haya iniciado el proceso judicial.
Para contrarrestar el riesgo que corren la víctima y sus hijos, la Justicia puede tomar medidas cautelares, como excluir del hogar al atacante, prohibir que se acerque a ellos u ordenar que les pague una cuota alimentaria provisoria mientras se sigue analizando el caso.
“Lo fundamental es escuchar a la víctima para entenderla y ayudarla”, dijo Facundo Escudero. Los equipos del Ministerio Público Pupilar tienen el rol de intervenir y hacer los requerimientos necesarios para que se restablezcan los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. “En este caso, estamos hablando del derecho a vivir una vida libre de violencia”, apuntó Escudero.
Cuando una persona menor de 18 años queda huérfana como consecuencia del femicidio de su madre, la asistencia de las Asesorías consiste en realizar las gestiones necesarias para que reciban el apoyo económico, la cobertura de salud y la asistencia psicológica que estipula para estos casos la denominada “Ley Brisa”.
Los asesores y asesoras del Ministerio Público Pupilar también emiten dictámenes e intervienen en el proceso por el cual se resuelve a cuidado de quién van a estar los niños, niñas o adolescentes que quedan sin cuidados parentales tras un femicidio. “Se busca que queden bajo la tutela de otros referentes familiares, como los abuelos. Eso se evalúa desde la Secretaría de Familia, junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público”, manifestó el letrado.
Para denunciar casos de violencia intrafamiliar se puede llamar al 911, que hará las derivaciones necesarias. Otra opción es recurrir a una comisaría o realizar una denuncia, que puede ser anónima, mediante la página web del Ministerio Público.

El Ministerio Público Pupilar, a cargo de la Asesoría General de Incapaces, organizó el trabajo para garantizar la intervención en protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas cuya salud mental se encuentra afectada en todo el territorio provincial durante la feria judicial de enero.

En cuanto al distrito judicial del centro, estarán operativas las Asesorías de Incapaces 4 y 3, además de las áreas de la Abogada del Niño, la Tutoría Oficial y la Mesa Distribuidora del Ministerio Público Pupilar.

También se garantizará el trabajo en el interior, por lo que prestarán servicios las Asesorías de Incapaces en los distritos de Metán, Tartagal, Orán, Cafayate, Joaquín V. González y Embarcación.

Según el calendario oficial, el receso comenzará a las 00:00 del 1 de enero y se extenderá hasta las 24:00 horas del 31 del mismo mes.

La asesora de Incapaces 8, Mariana Laconi, representó al Ministerio Público Pupilar en una reunión con el Comité de Bioética del Hospital San Bernardo. Durante el encuentro, la magistrada informó a los profesionales sobre cómo y cuándo intervienen los asesores en protección de los derechos de personas afectadas en su salud mental y además se interiorizó sobre las funciones del organismo.

El Comité tiene la función de revisar casos éticamente complejos , elaborar recomendaciones y promover actividades de formación.

Mariana Laconi explicó a los referentes del centro sanitario cómo es el proceso judicial de restricción de capacidad, cuándo se produce y qué alcances tiene.

La Asesora aclaró en qué situaciones una persona puede estar imposibilitada de decidir por sí misma sobre un tratamiento o intervención médica y necesita un apoyo. También respondió a las consultas de los médicos, psicólogos y trabajadores sociales del hospital.

Desde el Comité de Bioética se agradeció la información que brindó Laconi, en representación de la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad. Se acordó mantener abierto un canal de diálogo y consulta sobre aspectos particulares vinculados a los derechos de los pacientes con afecciones de salud mental que puedan presentarse.

Participaron de la reunión la psicóloga Ana Cobo, presidenta del Comité de Bioética y responsable del área de Cuidados Paliativos, además de otros profesionales de distintas áreas del centro médico y la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Provincia, Fabiana Ávila.

Profesionales de los equipos del Ministerio Público Pupilar del norte provincial realizaron el viernes 13 de diciembre en Santa Victoria Este el tercer y último operativo de este año para garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes de la zona que no tienen completos sus trámites de filiación.

Tal como está previsto en el artículo 583 del Código Civil, el Registro Civil notifica al Ministerio Público Pupilar sobre casos de niños que fueron inscriptos en el acta de nacimiento sin el reconocimiento de ambos padres.

Profesionales de la Asesoría de Incapaces 1 de Tartagal se trasladaron hasta Santa Victoria Este, a donde citaron a madres de niños que no tienen filiación paterna y viven en parajes como Santa María, Alto La Sierra, Misión La Curvita y Misión La Paz .

Roxana Choque, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces 1 de Tartagal, explicó que en un 85% de los casos, se presentaron las madres con los progenitores de los niños para realizar el reconocimiento paterno.

A partir de este trámite, desde el Ministerio Público Pupilar se envía al Registro Civil un oficio para que se remita a la familia del niño el acta de nacimiento con el reconocimiento de ambos padres. Con ese documento se puede tramitar un nuevo DNI que le permita al niño acceder a todos sus derechos, como pueden ser una obra social o una cuota alimentaria en el futuro si fuera necesario.

La profesional explicó que, en muchos casos, los padres tienen trabajos que los llevan a estar ausentes 15 o 20 días, por lo cual no están en el momento del nacimiento de sus hijos y luego la distancia hace que no completen el reconocimiento paterno.

La actividad se realizó en el Escuadrón 54 de Aguaray. Se agradeció al grupo Santa Victoria Este, organismo desde el que facilitaron las instalaciones, además de colaborar para realizar notificaciones .

Profesionales del Ministerio Público Pupilar visitaron ayer la escuela Pedro Bonifacio Palacios, ubicada en Ciudad del Milagro, para abordar específicamente temas relacionados con bullying y buena convivencia en las aulas. El trabajo se realizó en el marco de las actividades programadas para este mes por el aniversario número 35 de la Convención sobre los derechos del Niño, que se conmemoró el 20 de noviembre.

Durante el encuentro, se realizaron actividades lúdicas de integración, se compartió material audiovisual específico para cada edad y los niños pudieron plantear preguntas de manera anónima.
Se cubrieron los turnos mañana y tarde con un equipo integrado por las Asesoras de Incapaces 6, Silvia Ibarguren, y 10, Guadalupe Salatín, las trabajadoras sociales Laura Ruña y Adriana Sosa, la licenciada en psicopedagogía Yamila Constanza Sonza y el área de prensa de la Asesoría General de Incapaces.