En una auditoría externa en el marco de la certificación anual de las normas de calidad ISO 9001-2015 en las Mesas de Entrada de las Asesorías de Incapaces de Capital, se destacó como principal fortaleza el continuo enfoque a la mejora en la gestión, logrando incrementar y ampliar la calidad a otras áreas.

Destacaron además que en un lapso de 10 meses se registraron grandes avances y una consolidación del equipo de trabajo, con respecto a la anterior auditoría que se realizó en Diciembre de 2020.

La Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, destacó “el esfuerzo de cada uno de los que trabajaron, que aún a pesar del contexto de la pandemia, pusieron su mayor empeño para desarrollar el proceso, nosotros estamos focalizados en mejorar continuamente, con la mirada puesta en los beneficiarios del servicio, que es la comunidad, para que reciba una atención de calidad y una respuesta adecuada”.

La Magistrada resaltó que :“en este sentido es que incorporamos estas herramientas que nos ayudan a ser más eficientes. Este concepto fue entendido por nuestro equipo de trabajo y eso es un orgullo para nosotros, lo cual resulta ser un valor agregado fundamental para seguir mejorando nuestro servicio destinado a un sector altamente vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes; y las personas afectadas en su salud mental. Teniendo en cuenta esos resultados vamos a ampliar la calidad de gestión a otras áreas de la Asesoría General de Incapaces y de todo el Ministerio Público Pupilar, tanto de capital, como del interior de la Provincia para certificar las normas de calidad ISO 9001-2015”.

El proceso de implementación de normas de calidad comenzó en 2018 y en 2019 se logro la certificación de ISO 9001-2015. Desde ese año, y hasta la fecha se mantuvo la certificación anual, destacando avances en la implementación de los procesos de calidad en las Mesas de Entrada de las Asesorías de Incapaces de Capital y la inclusión de nuevas áreas en el proyecto.

La Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, tomó juramento esta mañana a la abogada Romina Florencia Tapia como Secretaria Letrada de Primera Instancia de la Asesoría de Incapaces 5 del Distrito Judicial del Centro.

La profesional fue designada por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta, tras concurso público según lo dispuesto por la Constitución de la Provincia.

Un matrimonio de nuestra Provincia recibió la guarda con fines de adopción de una niña de 12 años con discapacidad. La pareja se había enterado de la convocatoria pública por medio de las redes sociales.

En el caso intervino la Asesoría de Incapaces 8, a cargo de Mariana Laconi, quien destacó que, “de esta manera se garantiza el derecho de la niña a vivir en el marco de una familia que le brinde la protección y el cuidado necesario para su crecimiento saludable”, precisó la asesora.

Durante las vacaciones de invierno la niña y el matrimonio lograron vincularse como una familia, y en base a los informes técnicos y todos los antecedentes, la jueza de Personas y Familia 3, Claudia Güemes resolvió otorgar la guarda con fines de adopción al matrimonio, quienes tramitarán la adopción transcurrido el plazo de las acciones judiciales y el equipo técnico del Registro Único de Adopción deberá practicar los informes socio-ambientales y psicológicos mensuales en el domicilio de la familia, para que se realice un seguimiento sobre el proceso.

Inés Juárez, licenciada en Trabajo Social, del Equipo Interdisciplinario de Asesorías se refirió en el programa Antena Infantil, que se transmite por radio Radio Nacional Salta, a las intervenciones que realizan desde su área, conformada por profesionales en trabajo social, psicología y psiquiatría. El objetivo principal es aportar los conocimientos técnicos de cada una de las ciencias a los asesores de incapaces que se ocupan de la intervención en situaciones en las que se encuentran vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes, como así también en personas adultas con padecimientos mentales.

“El equipo interdisciplinario trabaja para aportarle al Asesor los recursos técnicos propios de la profesión para que se tomen las decisiones judiciales y se adecuen a las necesidades de cada niño, niña y adolescentes en riesgo. Durante la feria judicial se presentan casos críticos que necesitan de manera urgente la intervención”, dijo Juárez

En épocas de pandemia hubo mayor vulnerabilidad porque existió menos vinculación de los niños y niñas con las redes de protección, como por ejemplo el ámbito educativo, merenderos, clubes deportivos, ya que en muchos casos son estas instituciones las que advierten y denuncian.

“Es necesario que cada comunidad, en su zona, se organice con cada institución para generar una red de protección para la infancia en situación de riesgo” advirtió Inés Juárez.

Las trabajadoras sociales mantienen un contacto directo con el niño y su familia y, de esta manera, proponen un tratamiento y abordaje acorde a sus necesidades, generando un trabajo en red articulado con las instituciones y priorizando los casos en que los chicos viven situaciones de violencia.

En la primera semana del operativo que se lleva adelante entre trabajadores asintomáticos, se tomaron 165 muestras de las cuales, una dio positiva.

El Ministerio Público, a través de la Secretaria de Despacho dispuso desde el día 07 de mayo, iniciar un operativo de testeo a cargo del personal del Área Operativa Norte del Ministerio de Salud de la Provincia, donde  se realizan hisopados a  los trabajadores del organismo  que no presenten síntomas compatibles con Covid 19.

Como resultado de las muestras obtenidas hasta el día 13 de mayo, se tomaron un total de 165 entre trabajadores que voluntariamente se inscribieron para tal fin; arrojando  un  resultado positivo, por lo que se activó de esta manera el  protocolo de aislamiento correspondiente.

El objetivo es detectar posibles casos asintomáticos y prevenir la cadena de contagios, el operativo continuará durante  toda esta semana.

La Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Cosaysa SA) fue condenada por la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial 1 de Tartagal, Griselda Nieto, a presentar hasta el próximo 21 de septiembre un plan de provisión de agua potable para General Mosconi y Tartagal, con control público de ejecución para la suficiente provisión de agua potable domiciliaria para los próximos cinco años.
Fue como resultado de una acción de amparo promovida por vecinos de General Mosconi, con intervención de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral en el ejercicio del control de la legalidad, y de la Asesoría de Incapaces 1 de Tartagal en representación de las personas con capacidades restringidas o menores afectados por la situación.
El proceso colectivo se originó ante el “incumplimiento sistemático e injustificado de la empresa demandada” de sus obligaciones de “proveer en debida forma agua potable en las condiciones exigidas por el código alimentario argentino”, cuya falta amenaza “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados y amparados por nuestra Constitución Provincial, Nacional y especialmente en Tratados Internacionales de rango Constitucional”.
El Asesor de Incapaces 1, Juan José Andreu, remarcó en el proceso que está “en juego el derecho al agua potable y a la salud de las personas, de los niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida que se encuentren involucrados, derechos de raigambre constitucional. (…) Los niños y adolescentes tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, todo ello englobado por el derecho a la vida, a la salud a su desarrollo y dentro de ello suele ser un tema trascendental al acceso al agua potable”.
Andreu remarcó que la empresa de Aguas “no está dando cumplimiento con sus obligaciones, no siendo una cuestión menor los requerimientos que planea la pandemia por Covid-19. Por lo que estima corresponde hacer lugar a la acción ordenando la regulación del servicio de agua potable, debiendo en el ínterin proveer de bidones, camiones cisternas de manera preventiva, hasta la normalización de la prestación, bajo apercibimiento de girar las actuaciones a la justicia penal por desobediencia judicial”.
La jueza Nieto determinó que Cosaysa S.A deberá contemplar en su plan: proyectos y construcción de infraestructura adecuada con mejoras de la presión y caudal del agua de la red; estudios de nuevas fuentes de captación como alternativas para la sustentabilidad de la provisión; control de derrames de agua; minimización de cortes o interrupción del servicio con suficiente difusión sobre el mismo y un esquema de atención satisfactoria del usuario del Departamento San Martín.
Finalmente, dispuso fijar audiencia pública con la empresa, amparistas, Ente Regulador de los Servicios Públicos, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público Pupilar a realizarse el 1 de octubre y el 1 de marzo de cada año, con modalidad a establecer, para considerar el plan de provisión de agua potable, sus avances y resultados.

Con el objetivo de dar a conocer a los trabajadores del sistema de salud, el protocolo vigente para brindar atención y asistencia a personas con afectación en su salud mental que se encuentren descompensados en la vía pública, se desarrollaron las Jornadas de Salud Mental en el Hospital Miguel Ragone.

La apertura de las jornadas estuvo a cargo de la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad; del Ministro de Salud, Juan José Esteban; y del Gerente del Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, Fernando Acuña.

Mirta Lapad destacó la importancia de que todos los operadores que deban intervenir conozcan cuales son las responsabilidades y cómo deben actuar, según lo que establece la Ley de Salud Mental y el nuevo Código Civil.

La capacitación fue dictada por la Curadora Oficial, María José Miranda, junto a profesionales de ese organismo perteneciente al Ministerio Público Pupilar.

María José Miranda explicó que “buscamos capacitar a todos los operadores del sistema para que puedan intervenir en situaciones de personas con padecimientos mentales que se encuentren descompensadas en la vía pública. La idea es poder reflexionar acerca de la internación involuntaria en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario”.

En las jornadas de capacitación participaron gerentes y trabajadores de hospitales públicos y operadores del SAMEC.

Un fallo reconoce el derecho de una adolescente a requerir en la Justicia Salteña el cambio de residencia y cuidado parental, ya que la niña expresó su deseo de vivir en la Ciudad de Salta bajo el cuidado de su padre.

La joven, patrocinada por la Abogada del Niño, Marta Aguilar Bossini, se presentó ante la Justicia, para modificar lo acordado por los padres al momento de divorciarse, que establecía el cambio de residencia de la menor a otra provincia, donde actualmente vive la madre.

El fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, rechaza la incompetencia resuelta por el Juzgado de Familia interviniente, y ordena dar rápida resolución a lo requerido por la menor, en atención al interés superior que representan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Enfatiza en que el eje debe ponerse en el niño y no en sus representantes legales en pos de lograr una tutela judicial efectiva.

Destaca el derecho de la niña a ser escuchada y expresar su voluntad, añadiendo que manifestó que no estaba de acuerdo en residir en otra provincia, ya que el centro de su vida, sus amigas y su colegio están en la Ciudad de Salta, donde vive su padre.

El fallo remarca además que las cuestiones de derecho de familia son modificables y no causan estado, siendo revisables en cualquier etapa del proceso y más aún en conflictos referidos a cuidado personal y régimen de comunicación, por lo cual rechazó la incompetencia dictada anteriormente.

La Justicia determinó esta mañana otorgar la guarda preadoptiva de un niño de 14 años y su hermana de 11 años, que en los últimos años vivieron en un hogar de Tartagal pero nacieron en Salvador Mazza, a un matrimonio que vive en la Ciudad de Salta, tras un proceso de vinculación durante el cual los preadoptantes se instalaron en la ciudad norteña y pudieron interactuar con los niños.

Los hermanos pudieron expresar su deseo de mudarse a vivir a Capital con el matrimonio, con el cual mantuvieron estrecha vinculación durante el proceso previo al otorgamiento de la guarda con fines de adopción.  Manifestaron su deseo de conformar una familia con este matrimonio, no sólo ante el Equipo Interdisciplinario que fue monitoreando el proceso de vinculación, sino también ante la propia Jueza de Personas y Familia nº2 de Tartagal, Carmen Juliá.

En el proceso interviene el Asesor de Incapaces nº 1, Juan José Andreu, quien destacó que el matrimonio es el que mejor resulta para garantizar el derecho superior de los niños, al sostener que durante el proceso de vinculación,  los hermanos pudieron ubicar a los postulantes en el rol de padres, situación que ha sido recíprocamente asumida por los preadoptantes, quienes entienden que se debe priorizar el derecho de los niños  a vivir en un ambiente familiar que satisfaga sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales.

El proceso de vinculación fue monitoreado por un Equipo Interdisciplinario integrado por Psicólogos y Trabajadores Sociales de la Asesoría de Incapaces, del Poder Judicial y de la Secretaría de  Primera Infancia, Niñez y Familia.

La Justicia revocó la guarda con fines de adopción de una niña de 4 años nacida en Tartagal,  a un matrimonio residente en Cerrillos; y ordenó la inmediata restitución de la tutela de la menor al Estado.

La decisión judicial se tomó a raíz de un pedido de la Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, ante denuncias de vecinos por violencia y maltratos del matrimonio hacia la menor, además de incumplimientos por parte de los adultos de medidas que garantizan la correcta vinculación de la niña dentro del seno familiar.

En su presentación, la Asesora informó también que la pareja no procuró ayuda terapeútica para la niña que manifestaba situaciones de berrinches, temor y sufría de pesadillas nocturnas; como tampoco, los preadoptantes concurrieron a las sesiones de psicoterapia que les había ordenado la Justicia.  Además, la pareja decidió no inscribir a la niña en ninguna escuela para que asistiera al prejardín, por lo cual no dieron cumplimiento a la obligación parental de garantizar la inclusión en el sistema educativo.

Por estas razones, la Asesora de Incapaces nº 2 de Tartagal, entendió que los preadoptantes no desarrollaron capacidades parentales esperables para un proceso de adopción, y solicitó una sanción pecuniaria de la pareja en favor de la niña.

En su resolución, la Jueza de Personas y Familias nº 2, Elba Susana Menéndez, ordenó la restitución de la niña al hogar en el que residía previamente y que el Estado ejerza su tutela. Y solicitó a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, la inclusión de la niña en el sistema educativo.  También ordenó que el matrimonio sea excluído inmediatamente del Registro de Postulantes para Adopciones, y que  al momento de confección de los legajos se requiera certificado negativo de denuncias de violencia intrafamiliar, debido a que el citado matrimonio contaba con antecedentes en este sentido.

La Magistrada intimó al matrimonio a abstenerse de acercarse a la niña, debiendo mantener una distancia de 200 metros del hogar donde actualmente se aloja; al tiempo que prohibió que difundan datos personales a fin de resguardar la intimidad de la menor.

Finalmente, impuso al matrimonio una pena pecuniaria, consistente en la provisión de útiles y elementos escolares, así como la indumentaria necesaria para que la niña pueda cursar el período lectivo 2021. También la entrega de 100 pañales mensuales al hogar que aloja a la menor durante 6 meses.